Javier Milei se apresuró en celebrar la supuesta salida de la pobreza de 14 millones de personas desde que asumió el gobierno. Para hacer ese cálculo el presidente atribuyó a la herencia recibida el pico de pobreza del primer semestre de 2024 cuando alcanzó el 52,9% de la población como resultado de la devaluación de diciembre de 2023 que anunció su ministro de Economía y la inflación registrada durante ese mes y enero de 2024.

Lo cierto es que el camino descendente que se registró a partir de ese pico habría cambiado el sentido a partir de fines de 2025 y durante todo el primer semestre de este año.

Si bien el INDEC dará a conocer el informe oficial de pobreza e indigencia el próximo 24 de septiembre, estimaciones privadas dan cuenta de un cambio de tendencia desde el piso reciente registrado para el último semestre de 2025 cuando el 28,2% de la población vivía en hogares que no reunían los ingresos necesarios para superar el valor de una canasta básica total (CBT).

A partir de ahí y como resultado de la persistencia de la inflación y la caída del salario real, la pobreza comenzó un camino ascendente que, según las estimaciones del Nowcast de pobreza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella bajo el liderazgo del econometrista Martín Rozada.

Según el estudio basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares ya disponibles y sobre la base de los cuales el INDEC realiza su propio estudio, el porcentaje de la población que vive en hogares pobres habría escalado hasta un 32,7% para el segundo trimestre de 2026.

Sin embargo, según el estudio de Martín Rozada, el promedio de todo el primer semestre, que es lo que se difundirá el 24 de septiembre, da como resultado un 31,4% que merma levemente hasta un 31,3% para el semestre que va de marzo a agosto.

Así las cosas, en pocos meses la pobreza habría escalado en 4,5 puntos que representan más de dos millones de personas sobre el total de la población.

Con todo, en la realidad, el escenario debiera ser todavía más sombrío en tanto la pobreza traza una línea divisoria entre los ingresos de las familias y el valor de la canasta básica total sin atender lo que se conoce como “ingreso disponible”.

Se trata de los ingresos que restan luego de afrontar otros pagos como impuestos, servicios y, por ejemplo, el endeudamiento que muchas familias arrastran precisamente desde aquel pico de pobreza del 52% del cual nunca pudieron terminar de emerger.

El dato, además, resulta imperfecto en tanto surge de estimaciones de inflación forjadas con la metodología no actualizada del IPC según los nuevos hábitos de consumo (ENGHO) y, además, sobrestima ingresos de los asalariados informales que, según la información oficial, recuperaron ingresos en más de un 60% en términos reales.     

Tiempo Arg

El bloque de senadores peronistas trabaja sobre un proyecto que obligue a los candidatos a cargos electivos a pasar un examen psicotécnico auditado por el cuerpo de peritos psiquiátricos de la Corte Suprema.

La iniciativa bautizada "Ficha Sana" es una respuesta político-institucional a la ofensiva del gobierno libertario para incluir "Ficha Limpia" en la reforma política que intenta aprobar Patricia Bullrich. Ficha Limpia en lugar de poner el acento en la salud mental, prefiere excluir de la competencia electoral a quienes tengan condenas confirmadas por corrupción.

Senadores del bloque peronista consultados por LPO evadieron dar precisiones sobre la iniciativa, pero reconocieron que el tema se habló en la bancada y citaron un antecedente de un proyecto de esas características elaborado por el senador chaqueño Jorge Capitanich (ver documento adjunto).

La senadora Juliana di Tullio está analizando el tema, igual que su colega, el formoseño José Mayans, que suele preocuparse por la salud mental de los funcionarios electos. 

La iniciativa sobre la que trabajan los senadores peronistas tiene el cuidado de plantear que los resultados de las evaluaciones psicológicas gocen de los derechos de confidencialidad que atañen a esa profesión.

LPO

Los abogados de Cristina Kirchner convocaron a una conferencia de prensa para este martes en el que anunciarán novedades en la resolución de la ONU contra su prohibición de ser candidata.

"Son novedades muy positivas", dijeron a LPO allegados a los nuevos abogados de Cristina, que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Los letrados dijeron que en octubre ese órgano podría aceptar el reclamo y se entusiasman con una recomendación del organismo internacional a favor de la ex presidenta.

La defensa de Cristina en el plano internacional está integrada por Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi.

En los tribunales argentinos repiten que un pronunciamiento del Comité de la ONU no tiene ninguna validez legal y que hay doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra fallos locales.

Por más que no tenga validez legal, el kirchnerismo quiere usar el pronunciamiento de la ONU para lanzar la candidatura de Cristina y, como se anticipó, espera hacerlo el 17 de octubre. La elección del Día de la Lealtad Peronista es un mensaje directo a Axel Kicillof.

Como se reveló en el podcast A Sangre Fría de LPO, cerca de Cristina y en distintos sectores del peronismo están trabajando para unirse en una candidatura contra el gobernador bonaerense.

LPO

El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró al mes de agosto una caída real acumulada del 32% respecto del mismo período de 2023.

La reducción en las partidas del Estado nacional se ejecutó desde el inicio de la gestión de gobierno en pos de sostener el superávit fiscal. La distribución del recorte presupuestario entre los años 2023 y 2026 mostró magnitudes diferenciadas según el rubro analizado en los primeros ocho meses del año.

En el extremo de mayor ajuste, el gasto que más bajó fue el integrado por las “Transferencias corrientes a Provincias con una caída del 86,6%". En segundo lugar se ubicó la inversión en "Bienes de uso, componente que incluye a la obra pública, con una caída del 83,6%”.

A estas partidas les siguieron las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios con una baja del 62,1%, y "Otras transferencias al sector privado (gasto que incluye los subsidios económicos, entre ellos a la energía y al transporte)", que registraron "una baja del 59,3%".

Asimismo, los giros a universidades nacionales cayeron un 39,7%, las ayudas sociales y asignaciones familiares se redujeron un 30,6% y los gastos en personal disminuyeron un 28,9%. En el extremo opuesto, las Jubilaciones y pensiones fueron el componente con la menor caída: bajaron un 8,2% respecto a igual periodo de 2023.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, el impacto de cada rubro en la contracción total del gasto dependió de su peso inicial en la estructura presupuestaria.

Bajo este criterio de explicación sobre la baja acumulada, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional concentran la mayor participación, con el 23,6% del total, lo que implica que "casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios.

Le siguieron los subsidios al sector privado con el 14,9% del ajuste total, las ayudas sociales con el 14,4% y las transferencias a provincias con el 13,0%.

De sostenerse la pauta actual, el gasto de la APN cerrará 2026 en el 12,4% del PBI, completando "la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años", según el informe.

NA

La deuda que comenzó con un préstamo de apenas 8.000 pesos terminó multiplicándose hasta alcanzar los 127.000 pesos en el lapso de aproximadamente un año. El caso es ahora el punto de partida de una demanda contra Mercado Pago por el presunto cobro de intereses abusivos que, según los cálculos de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), superaron el 1.300 por ciento anual. La acción busca además convertirse en colectiva y podría alcanzar, según estima la organización, a unos siete millones de usuarios de la plataforma.

El expediente fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Página/12, el abogado explicó que el reclamo nació a partir de un caso individual de una persona que pidió dinero prestado para comprar pañales para una hija y que llegó a pagar parte de las cuotas antes de que la deuda se volviera imposible de afrontar. Pero que la estrategia de la asociación apunta a que la Justicia reconozca que detrás de esa situación existe un problema que podría involucrar a un universo mucho mayor de consumidores.

“Este caso es el reclamo de una persona a la que le prestaron 8.000 pesos y terminó devolviendo 127.000 en un año. Esto implica más de 1.300 por ciento de interés”, señaló Espasandín a este diario. El abogado sostuvo que las tasas observadas “superan ampliamente los parámetros” que deberían aplicarse según el Código Civil y Comercial y con las normas de protección de los consumidores..

El punto central del reclamo no es que una persona haya tomado un crédito y luego haya dejado de pagarlo. La controversia está puesta en cuánto puede crecer legalmente una deuda cuando el consumidor entra en mora y en qué momento una tasa deja de ser el costo del financiamiento para convertirse en una carga desproporcionada. El Código Civil y Comercial establece reglas para la capitalización de intereses y habilita a los jueces a reducirlos cuando la tasa o el resultado de la capitalización aumentan de manera injustificada.

La Ley de Defensa del Consumidor también establece requisitos específicos para las operaciones financieras. El artículo 36 obliga a informar de manera clara la tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización, la cantidad y periodicidad de los pagos y los gastos adicionales. Para Espasandín, este marco permite llevar a los tribunales los casos en los que el costo financiero resulte abusivo.

El costo oculto

Esta discusión adquiere una dimensión mayor porque las fintech se convirtieron en uno de los principales canales de acceso al crédito para sectores que muchas veces no pueden obtener financiamiento bancario tradicional. Un ejemplo difundido por el economista Martín Burgos puso el foco precisamente en ese mecanismo de presentación de los préstamos fintech. Según el planteo, un crédito de 100.000 pesos puede ser exhibido comercialmente con una devolución inicial de 109.000 pesos, haciendo que el costo parezca ser simplemente de 9.000 pesos.

El problema aparece cuando ese valor se anualiza y se considera qué ocurre si el consumidor no consigue cancelar el crédito en el corto plazo. El costo financiero anual puede alcanzar niveles extraordinariamente elevados del 850 por ciento. El ejemplo fue utilizado ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados por la propia Cámara Argentina Fintech.

La forma de comunicar estos créditos es parte del problema. La placa exhibida muestra en grande que una persona pide 100.000 pesos y devuelve 109.000, lo cual permite fijar la atención sobre los 9.000 pesos adicionales y no sobre la tasa efectiva que surge de mantener ese financiamiento durante un período prolongado. Para un consumidor con baja educación financiera, esos 9.000 pesos pueden aparecer como un costo razonable por acceder rápidamente al dinero. Pero si el crédito no se cancela en el plazo previsto, la deuda puede escalar hasta un 850 por ciento.

En busca de ser colectiva

La causa contra Mercado Pago tiene una particularidad: el reclamo individual pretende convertirse en una acción colectiva. El caso que llegó a la Justicia es el de una consumidora que se acercó a ACFRA para plantear su situación, pero la asociación buscará que el expediente pueda alcanzar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares con los créditos otorgados por la plataforma.

“El reclamo siempre arranca de manera individual. En este caso, la persona se acercó a ACFRA con su situación y luego se pide la certificación de clase”, explicó Espasandín a Página/12. Según detalló, si la Justicia reconoce el carácter colectivo del planteo, el proceso podrá abarcar a una parte de los 7 millones de usuarios de la plataforma que se encuentren en condiciones similares.

El alcance efectivo de la eventual acción colectiva dependerá de las decisiones que adopte el tribunal y de las condiciones que establezca para definir la clase. “El primer paso es pedir una cautelar para que dejen de cobrarse los intereses”, señaló Espasandín. El objetivo de fondo, agregó, es que se determine cuánto se cobró por encima de lo que correspondía en cada caso y que esas sumas sean restituidas. El proceso deberá determinar entonces qué operaciones quedan alcanzadas, qué tasas fueron efectivamente aplicadas y cuál fue el impacto de la capitalización de los intereses sobre cada deuda.

El reclamo judicial llega en un momento en que el crédito no bancario ganó un peso considerable dentro del financiamiento de los hogares. La expansión de las billeteras digitales permitió ampliar el acceso a préstamos de corto plazo, pero también llevó a sectores con menor capacidad de repago a tomar financiamiento en condiciones que resultan particularmente gravosas.

En la Argentina existen alrededor de 20 millones de personas con algún tipo de deuda y cerca de 6 millones atraviesan situaciones de mora, según datos oficiales del Banco Central. Entre quienes tienen atrasos, buena parte son préstamos de bajo monto destinados a compras corrientes, como la de los pañales que originó la denuncia. La mayor cantidad de deudores de bajo monto lo concentran las fintechs.

La mora entre proveedores no financieros de crédito pasó del 7,3 al 30,1 por ciento entre fines de 2024 y junio de 2026. Puntualmente en el sector bancario, en el mismo período la irregularidad crediticia de las familias se multiplicó por siete, al pasar del 2,5 al 18 por ciento.

El crecimiento de la mora llegó incluso a ser señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su conferencia de prensa de este jueves, aunque desde una perspectiva diferente. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de los atrasos de los hogares no representaba un riesgo para la estabilidad del sistema financiero ya que los bancos tienen liquidez suficiente.

El problema es que detrás de la tranquilidad de los balances bancarios hay millones de familias para las que la deuda dejó de ser una herramienta de financiamiento y se convirtió en una carga que sus ingresos ya no pueden absorber.

Pag 12

11-9-2026.- Los ingresos jubilatorios en la Ciudad de Buenos Aires quedaron muy por detrás del costo de vida de las personas adultas mayores, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña que analizó un año de mediciones de su Sistema de Canastas de Consumo.

El estudio “Condiciones de bienestar y acceso a derechos de personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires”, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, examinó la variación de los gastos en alimentación, servicios, salud y vivienda entre julio de 2025 y julio de 2026.

El relevamiento se concentró en un distrito donde, según el Censo 2022, el 17% de la población tiene más de 65 años.

El costo de una canasta total para este grupo etario aumentó entre un 37% y un 43%, según el tipo de hogar, dependiendo principalmente de si sus integrantes pagan alquiler o cuentan con medicina prepaga.

En contraste, el haber jubilatorio mínimo, incluido el bono, aumentó solo un 27,1% durante el mismo período, lo que dejó una brecha de entre 9,9 y casi 16 puntos porcentuales, de acuerdo con las características de cada hogar.

Entre los rubros que registraron los mayores incrementos se ubicó el transporte, con una suba del 96,8%, mientras que los servicios públicos del hogar, que comprenden agua, gas y electricidad, treparon alrededor del 95%.

A continuación aparecieron las telecomunicaciones y la televisión por cable, con un incremento promedio del 47%; los alimentos, con un 37%; y los alquileres, con una suba del 32%.

El fuerte incremento de las tarifas y del transporte también modificó la composición del presupuesto de los hogares de adultos mayores.

En el caso de las mujeres mayores de 75 años que viven solas, los servicios básicos representaron el 40,2% de su presupuesto y pasaron a constituir el principal gasto, por encima de la compra de alimentos, que concentró el 28,2%.

La situación resultó más crítica entre los jubilados que alquilan, ya que los gastos correspondientes a bienes y servicios básicos del hogar, incluido el alquiler, insumieron más de la mitad de su presupuesto mensual, según precisó el informe.

El deterioro se produjo en un contexto en el que cerca del 40% de las personas jubiladas accedió al sistema previsional mediante moratorias y percibe el haber mínimo, una modalidad que tiene mayor extensión entre las mujeres.

Además, según datos nacionales consignados en la información, en junio de 2026 alrededor del 34% de los jubilados sin moratoria de todo el país cobraba menos de $500.000.

NA