La Cámara Federal de Mar del Plata habilitó a la Defensoría del Pueblo a continuar con el amparo colectivo contra la eliminación del descuento del 30% en las facturas de gas. El fallo revocó el rechazo inicial de la demanda, aunque todavía no resolvió la restitución del beneficio.
La disputa judicial por la
eliminación del Régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata,
donde la Cámara Federal de Apelaciones revocó una resolución de primera
instancia y reconoció la legitimidad de la Defensoría del Pueblo municipal para
continuar con una acción colectiva contra el recorte del beneficio tarifario
dispuesto por el Gobierno nacional.
La decisión representa un avance
para el reclamo impulsado por el organismo encabezado por Marcelo Lacedonia,
que busca proteger a los usuarios residenciales afectados por la pérdida del
descuento automático del 30% en sus facturas de gas.
El tribunal, integrado por los
jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín, consideró que la
Defensoría tiene facultades para intervenir en representación de los vecinos,
pese a que la controversia se origina en una legislación de alcance nacional.
La resolución modifica el
escenario procesal del expediente, que había quedado frenado después de que el
Juzgado Federal N° 4 rechazara la demanda por considerar que el organismo
municipal carecía de legitimación para promoverla ante la Justicia federal.
Un fallo que permite discutir
el fondo del reclamo
El conflicto judicial se originó
a partir de las modificaciones introducidas mediante la Ley 27.828, que
afectaron la continuidad del beneficio tarifario para usuarios de determinadas
regiones del país.
En Mar del Plata, la pérdida del
descuento implica un incremento en el monto que deben afrontar los hogares por
el consumo de gas natural, un servicio especialmente importante durante los
meses de bajas temperaturas.
La Cámara Federal entendió que,
aunque se cuestione una disposición nacional, sus consecuencias no alcanzan de
manera uniforme a toda la población argentina, sino que repercuten
específicamente sobre determinados territorios.
Ese carácter territorial fue
considerado suficiente para reconocer la intervención de la Defensoría del
Pueblo en defensa de los usuarios afectados.
Los magistrados también señalaron
que el rechazo de una demanda sin analizar su contenido debe reservarse para
situaciones excepcionales, dado que una interpretación excesivamente
restrictiva podría obstaculizar el acceso a la Justicia.
La resolución coincidió con el
criterio expresado por la Fiscalía General, que había respaldado la legitimidad
del organismo municipal para impulsar la acción colectiva.
El descuento del 30%
El Régimen de Zona Fría fue
concebido como una herramienta para reconocer las mayores necesidades de
calefacción que presentan determinadas regiones argentinas por sus condiciones
climáticas. Su aplicación permite reducir el costo del servicio de gas para los
hogares incluidos en el esquema, mientras que las modificaciones introducidas
por el Gobierno nacional generaron reclamos de usuarios, organizaciones y
autoridades locales.
En Mar del Plata, la controversia
se concentra en la eliminación del descuento automático del 30%, cuya
continuidad reclama la Defensoría.
El organismo sostiene que el
recorte afecta directamente la economía de las familias y cuestiona la pérdida
de una herramienta de protección tarifaria vinculada con las características
climáticas de la región.
La discusión cobra particular
relevancia en un escenario en el que los gastos asociados con los servicios
públicos representan una parte significativa de los presupuestos familiares.
La Justicia deberá resolver la
medida cautelar
Con la decisión de la Cámara
Federal, el expediente regresará al Juzgado Federal N° 4, que deberá analizar
la solicitud de una medida cautelar y determinar la continuidad del trámite
colectivo.
La presentación está dirigida
contra el Estado nacional, el organismo regulador del sector energético y
Camuzzi Gas Pampeana, con el propósito de frenar la eliminación del beneficio.
Es importante señalar que la
resolución de segunda instancia no ordenó restituir automáticamente el
descuento ni declaró inválida la normativa cuestionada. Su alcance se limita,
por ahora, a reconocer que la Defensoría del Pueblo puede promover la acción
judicial. De esta manera, el resultado definitivo permanece pendiente y
dependerá de las próximas decisiones del juzgado.
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