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Reforma del Bapro: con otra audiencia, la Corte apura una definición



La Suprema Corte bonaerense recibe este lunes al oficialismo, a la oposición y a representantes de la Asociación Bancaria para discutir sobre la reforma del Bapro.

La Suprema Corte bonaerense recibe este lunes formalmente representantes del Frente de Todos, de la oposición de Juntos, y de la Asociación Bancaria, por la paralización del debate en la Legislatura bonaerense de la reforma a jubilatoria del Banco Provincia, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal en el 2017.

En ese sentido, el encuentro con la Corte bonaerense por la reforma del Bapro se hará con la participación de miembros del Ejecutivo provinciallegisladores bonaerensesgremialistas y representantes de los jubilados de la entidad bancaria. El Máximo Tribunal viene reclamando una “salida política” al conflicto.

Vale recordar que, la ley 15.008, que dispuso que la edad jubilatoria para todos los trabajadores del Bapro pasara de 60 a 65 años de forma escalonada y bajó el porcentaje por el que se calcula el haber (del 82% al 70%), motivó intensas protestas y una oleada de demandas judiciales, que ponen en peligro las arcas provinciales. Ahora, el avance de los planteos judiciales podría costar unos $100 mil millones al Estado bonaerense.

La Corte les dio la razón a los jubilados, pero en lugar de dejar sin efecto la ley, hizo algo prudente que fue convocar al Gobierno provincial, al sindicato y armar una mesa técnica para reformar una ley que es inconstitucional”, explicó el gobernador Axel Kicillof, en las últimas horas al insistir para que se avance en la sanción en la Legislatura bonaerense.

Por ello, Kicillof destacó que la Corte bonaerense convocó “de forma acertada” al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los representantes de los jubilados de la entidad y al sindicato bancario a una mesa de trabajo “con el objetivo de discutir la reforma del Bapro”.

“Llegamos a un acuerdo que la Provincia puede abordar y que es provechoso para quienes fueron perjudicados, pero cuando estaba por tratarse la ley en la Legislatura bonaerense, los representantes del espacio de (el expresidente nacional) Mauricio Macri deciden no votarla”, advirtió Kicillof sobre la reforma del Bapro.

Desde el PRO, la semana pasada, salieron a respaldar la ley sancionada en 2017 y expresaron “su firme rechazo a cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen jubilatorio” del Banco Provincia.

Según expresó el PRO en un comunicado, la caja del Banco Provincia “tenía un déficit financiero, crónico y estructural” y generaba que el Estado bonaerense tuviera que poner un saldo restante. En este sentido, consideraron que la ley 15.008 le dio “mayor sustentabilidad” al sistema jubilatorio del sector.

En este marco, Kicillof pidió “que haya un poco de sensatez” para resolver la reforma del Bapro en la Legislatura bonaerense”, al tiempo que puntualizó que “el Gobierno provincial anterior sancionó una ley que generó un aluvión de reclamos”.

Juntos amaga con no dar quórum si ingresa la reforma del Bapro

En este contexto, Juntos amaga con no dar quórum en la Cámara de Diputados Bonaerense si ingresa a la sesión la reforma del Bapro. “No creo que le demos el quórum”, dijo un diputado del Pro a la salida de una reunión de comisión la semana pasada, cuando empezaron a correr los rumores de una avanzada del Frente de Todos para colar en el temario del próximo miércoles la iniciativa.

Asimismo, el nuevo intento del oficialismo no es caprichoso. Pesan sobre las arcas del Poder Ejecutivo cerca de cinco mil pasivos que iniciaron acciones judiciales contra el Banco Provincia por el cambio en la formula jubilatoria de los trabajadores del Bapro sancionada en 2017, durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

En los últimos días, la Suprema Corte bonaerense le dio un ultimátum al gobierno Axel Kicillof y a los legisladores del peronismo y la oposición para avanzar con la reforma del Bapro antes del 14 de diciembre o la declarará inconstitucional. El fallo, podría disparar los juicios contra el Estado bonaerense por un costo cercano a los $100 mil millones


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