La exministra de Seguridad de JxC declaró de forma virtual imputada por un allanamiento, similar a lo que después hizo con Maldonado, de Gendarmería en la Comunidad Mapuche Campo Maripe, Vaca Muerta. La acusan de abuso de autoridad y secuestro. Se define todo en 10 días.
La titular del PRO y ex ministra de Seguridad bajo gestión de Juntos por el
Cambio, Patricia Bullrich, afronta una situación completa en una causa en la
que tuvo que declarar acusada de "abuso de autoridad" y
"privación ilegal de la libertad” por perseguir a través de un operativo
de Gendarmería similar al que precedió a la muerte de Santiago Maldonado a
mapuches.
La dirigente opositora declaró ayer de forma virtual ante el juez federal
de Neuquén Gustavo Villanueva, en una causa en la que está imputada por un
allanamiento realizado por Gendarmería en la Comunidad Mapuche Campo Maripe,
Vaca Muerta, en junio de 2017, informaron fuentes ligadas a la investigación a
Télam y Tiempo Argentino.
Se cumplió la medida dispuesta por el juez neuquino, tras varias
postergaciones, a partir de la denuncia realizada por la comunidad afectada y
por la Confederación Mapuche de Neuquén.
El juez decretó el secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles
de la declaración de la exfuncionaria nacional. También en forma virtual
enfrentó al magistrado por la misma situación Pablo Noceti, exjefe de Gabinete
de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, imputado en la misma causa.
La de Bullrich fue la quinta indagatoria en un marco de estricta reserva,
que incluyó a Nocetti pero también a tres ex altos mandos de la Gendarmería:
los comandantes principales Carlos Ariel San Emeterio y Jorge Elías Mariani y
el comandante de la Región V Luis Héctor Lagger.
Con la palabra de Bullrich y Nocetti, en diez días el juzgado federal
número dos de Neuquén, a cargo de Villanueva, debería resolver sus respectivas
situaciones procesales, que podría dejar complicada a la ex ministra de
Mauricio Macri.
QUÉ SE INVESTIGA
En junio de 2017, de acuerdo con la denuncia, gendarmes aparentemente sin
orden judicial allanaron tierras de la comunidad Campo Maripe durante una
protesta que estaban realizando contra la intención de YPF de perforar un pozo
de petróleo sin consentimiento previo.
Según explicaron los integrantes del colectivo de pueblos originarios,
“alrededor de las 9 de la mañana ingresaron más de 80 gendarmes armados al
territorio del Lof Campo Maripe", quienes "sin consulta, ni
autorización, cortaron los ingresos y los caminos internos" en un
"procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden
judicial, llevo a la alerta de todas las familias del lof”.
Los mapuches pidieron a los gendarmes que exhibieran la orden judicial que
autorizaba su accionar, pero “el jefe de operativo nunca evidenció la orden de
desalojo, ni allanamiento", y sólo acusó "‘órdenes del Ministerio de
Seguridad de la Nación’, comandado por Patricia Bullrich”.
Según la denuncia que dio inicio al expediente, el desalojo había sido
pedido por la petrolera estatal YPF, por entonces bajo la administración del
gobierno de Macri.
Según explican desde la comunidad, el allanamiento a Campo Maripe tuvo
características que se repetirían poco más de un año más tarde y que causaron
la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.
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