Elisa Carrió y su Coalición Cívica contraatacan subiéndose a las denuncias de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del periodista Carlos Pagni contra el diputado PRO Cristian Ritondo, vinculándolo con el narcotráfico y la corrupción policial. Además, la CC pide investigar la gestión de Rogelio Frigerio en AYSA por denuncias de corrupción. El jefe de los diputados amarillos, Cristian Ritondo, quien aspira a competir por la gobernación bonaerense en 2023, se encuentra en el centro de la polémica desde que Elisa Carrió lo señaló como uno de los dirigentes de JxC que está fuera de las “conductas éticas” que ella reclama para la alianza opositora.
Ritondo está en la mira judicial luego de que la magistrada Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, lo acusara como parte del apartamiento de la jueza en una causa de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. Minutos después de la explosiva declaración de la jueza, el periodista Carlos Pagni, un editorial de casi una hora de duración, se refirió a los serios problemas internos de JxC, y también mencionó a Ritondo con el nuevo escándalo en el que se ve implicado.
Un dato para nada menor: tanto la denuncia de Arroyo Salgado como el editorial de Pagni se transmitieron por La Nación+, canal que controla mayoritariamente Mauricio Macri, avivando así aún más los rumores de que el expresidente coordina con la líder de la CC las denuncias internas en la alianza. “Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia, no sabemos si para investigar o para cubrir”, disparó Pagni sin titubear.
Según informa el portal Elagora.com, Arroyo Salgado destacó que “la Justicia está muy politizada” y sin tapujos denunció vínculos entre asesores y gente de confianza del ex ministro de Seguridad bonaerense y agentes policiales involucrados en el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires.
La denuncia mediática
Salpicó a Ritondo al explicar que quienes pidieron su apartamiento de la causa de narcotráfico bonaerense “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos”, que defendían a varios policías acusados y uno de ellos era funcionaro de la cartera de Seguridad bonaerense.
Arroyo Salgado investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales con el comercio de drogas. El principal imputado en esa causa fue el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones .
En su denuncia, Arroyo salgado hizo referencia a Marcelo D’Angelo, un ex asesor de Ritondo en su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que además era el abogado de uno de los imputados en la causa de narcotráfico, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de la jueza por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
“Investigo, avanzo, llego a la detención al procesamiento o prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico. Y ahí me recusan esos dos letrados, uno de ellos funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Vidal, jefe de gabinete de Ritondo y el otro de los letrados fue asesor de Monzó”, detalló la jueza.
Además, la magistrada contó que los abogados “con aceitados contactos políticos” elevaron su pedido a Casación, donde camarista Mariano Borinski, “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”.
“Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, sentenció Arroyo Salgado y comentó otra causa en la que también fue cuestionada por un asesor de Ritondo. “A los seis meses fui apartada de otra causa en la que estuve a cargo por tres años, también por parte de otro asesor de Ritondo, Marcelo Rocchetti, que me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”.
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo durante los cuatro años que estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense y también fue abogado de policías y barrabravas como el conocido Rafael Di Zeo de Boca, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici, íntimo amigo de Macri.
La CC se sube a las denuncias
En este contexto, la Coalición Cívica, espacio liderado por Carrió, volvió a reclamar la destitución del fiscal Claudio Scapolán, el fiscal acusado por Arroyo Salgado, a través de un comunicado, en el que señalan que la denuncia avala los recientes comentarios políticos de Carrió respecto a la falta de “decencia” en JxC.
“Las recientes manifestaciones públicas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera apartada de la causa por abogados con aceitados contactos políticos, de acuerdo a lo sostenido por ella, respaldan la veracidad de los dichos de Elisa Carrió de los últimos días“, dice el texto.
“Desde el año 2016, también nos hemos ocupado de advertir en privado a las autoridades políticas que se encontraban en funciones en la provincia de Buenos Aires, acerca de la actuación del entonces funcionario del Ministerio de Seguridad Marcelo Rochetti en algunos hechos, y de presentaciones judiciales que hemos realizado al respecto”, finaliza el documento.
“¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso? Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires“, disparó Carrió la semana pasada.
Frade contra Frigerio
Sumándose a la contraofensiva “anticorrupción”, la diputada de la CC, Mónica Frade reveló que las denuncias de corrupción en la empresa de aguas Aysa durante el gobierno de Cambiemos son “sostenidas y fundadas”.
En declaraciones radiales, Frade consideró que “hay que investigar” la situación de Aysa cuando estuvo bajo la órbita del entonces ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ya había denunciado hechos de corrupción en esa empresa por parte de funcionarios ligados al actual diputado nacional.
“No somos una fiscalía. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Carecemos de estructura pero estamos analizando todos esos hechos”, aseguró la legisladora de la CC.
(InfoGEI)Ap
