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De manual: Llorens, Bruglia y Bertuzzi también salvaron a Arribas y Majdalani

  


Amigos son los amigos. Revocaron los procesamientos de los popes de la AFI de Macri en la causa por espionaje político en el AMBA. Lo que más hicieron los camaristas cercanos al macrismo fue criticar al juez Alejo Ramos Padilla.

La Cámara Federal porteña revocó hoy los procesamientos que pesaban sobre los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y dispuso que se los siga investigando en el marco de la causa sobre supuestas maniobras de espionaje político desde las denominadas bases AMBA, en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que la causa debe volver a manos de un juez de primera instancia para despejar las dudas que existen sobre los hechos y sobre los elementos de prueba y cómo fueron hallados por lo que entendieron que corresponde dictar la “falta de mérito” para procesar o sobreseer a los imputados.

Los camaristas dedicaron la mayor parte del fallo de 28 páginas al que accedió Télam a cuestionar el trabajo del primer juez que intervino en las actuaciones, Alejo Ramos Padilla, y a resaltar que es imperioso avanzar con peritajes sobre los elementos hallados en las propias bases AMBA que dieron origen a la investigación. Para los camaristas, no existe una explicación clara sobre cómo fueron hallados algunos de los elementos de prueba que, según la investigación, se detectaron en las propias bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco de revisiones llevadas a cabo en esos lugares en el marco del denominado “Caso D´Alessio”.

Los jueces de la Cámara Federal sostuvieron también que hubo en las resoluciones del juez de primera instancia “una deficiente atribución de responsabilidad, la cual responde no solamente a las falencias ya referidas previamente en lo relativo a la escasa contundencia probatoria que ofrecen de momento los documentos recabados para apoyar la hipótesis delictiva trazada, sino también al modo abstracto en que fueron efectuadas dichas acusaciones”. Los camaristas cuestionaron a Ramos Padilla por “la utilización de términos genéricos como ser ´ordenar´, ´permitir´, ´planificar´, ´dirigir´, ´supervisar´, ´realizar´ o ´reportar´ de modo sistemático tareas de inteligencia y almacenar datos de personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

“No se logra observar tanto en las imputaciones cursadas al ser indagados como al momento de dictar sus procesamientos cómo, cuándo y dónde cada uno de los legitimados pasivamente llevaron a cabo las actividades que se reputan ilícitas, lo cual resulta ser una consecuencia lógica de aquello cuanto se puede extraer del compendio de archivos ponderados a lo largo de los autos de mérito que no se encuentran firmados ni poseen fecha cierta”, sostuvieron. Cuando procesó a los exdirectivos de la AFI por espionaje ilegal desde las bases AMBA, el juez Ramos Padilla sostuvo las maniobras investigadas habrían tenido como objetivo a dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y dirigentes gremiales, pero también a movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser leídas como contrarias a los intereses del expresidente Mauricio Macri.

En aquel procesamiento, el juez Ramos Padilla concluyó que "existía una directiva de carácter general" que ordenaba a los agentes de la AFI "realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo", es decir Arribas y Majdalani. En ese fallo, el magistrado citó una resolución firmada por Arribas en abril de 2017 en la que se estableció específicamente que la primera función de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires era la de “coordinar las tareas de las Dependencias de la Provincia de Buenos Aires para optimizar el funcionamiento del área”, así como también “obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la situación base primaria de los componentes político, económico y social”.

El llamado "Proyecto Amba" de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense (desde mediados del 2016), en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, además de las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia del organismo en la provincia durante el año 2017. Esta causa tramitó primero en Dolores y luego pasó a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, por orden de la Cámara Federal porteña, y quedó radicada en el juzgado federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Será el magistrado Ercolini el que deberá avanzar con las medidas sugeridas por la Cámara Federal porteña que indicó que “no se efectuó ninguna diligencia eficaz tendiente a determinar la integridad física del contenido de aquellas memorias para poder afirmar que no fue manipulado tanto previo como luego de su hallazgo en la sede de la AFI y, en caso negativo, dejar en evidencia cuáles fueron aquellas modificaciones”. “Puede resultar relevante también en este punto contar con el testimonio del personal de Contrainteligencia que participó del cierre de las bases y retiró los elementos allí obrantes a fin de clarificar el camino que siguieron los archivos que hoy conforman sustancialmente el fondo documental y que fueron hallados luego de tres años en una oficina junto con un sobre que rezaba ´Dir. Cicia´”, señalaron.

Infonews/PDBA/NA


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