Tras la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las últimas semanas, el Kirchnerismo evalúa un proyecto alternativo al Salario Básico Universal (SBU) para dar una respuesta urgente de ingresos a la población más vulnerable. Quienes iniciaron el reclamo por el SBU en mayo fueron los diputados de Patria Grande de Juan Grabois, a través de un proyecto presentado por Itai Hagman. Sin embargo, es Cristina Fernández de Kirchner quien ahora recogió el reclamo y llevó la discusión al Senado de la Nación.
El objetivo es presentar una incitativa propia, diferente a la que lleva la firma de Hagman pero acordada con las organizaciones sociales. No tendrá el nombre de “salario universal”, sino que será un “ingreso complementario” que tendrá como objetivo atacar la indigencia en un contexto de escalada inflacionaria – 64% la interanual, la más alta en 30 años – y de gran conflictividad social.
Según revela el portal Agora Digital, la propuesta del SBU encuentra mayores resistencias en el sector del Ejecutivo más cercano a Alberto Fernández. La ministra de Economía, Silvina Batakis, ya dijo que el tema “ni siquiera está resuelto en países más desarrollados” y la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, remarcó que “no dan las cuentas” para avanzar con su financiación.
Juliana Di Tullio, senadora muy cercana la vicepresidenta, es la dirigenta encargada de conversar con los distintos sectores que integran la coalición de modo de diseñar un proyecto consensuado que permita dar una respuesta a la crisis social.
Negociaciones en el Senado
Las negociaciones en el Senado para acordar el proyecto comenzaron hace semanas. Si bien Di Tullio ya estaba trabajando en el tema desde mayo, el puntapié fue la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de Ensenada, cuando anunció que había llegado el momento de discutir “la necesidad de un ingreso universal básico”.
Los principales interlocutores con Di Tullio son los referentes de Patria Grande, como Juan Grabois o el diputado autor del proyecto original, Hagman. Las negociaciones son un proceso delicado porque la iniciativa de les senadores tiene que convencer a las organizaciones sociales, que son los principales impulsores del proyecto, en un contexto de creciente tensión social.
En estos últimos días Grabois ya ha protagonizado, junto a otras organizaciones sociales afines al FdT, dos convocatorias críticas al gobierno nacional -la asamblea en Constitución el miércoles y la feria popular frente al Congreso el jueves-. “Esto ya llegó a un punto en el que esto se resuelve en la calle o no se resuelve. Lo que estamos esperando son medidas“, sostuvo Grabois en declaraciones televisivas.
El proyecto
El proyecto no será igual al que firmó Itai Hagman. En primer lugar, no será un “salario básico universal”, sino un “ingreso complementario“, más similar a lo que en su momento fue el IFE.
“Salario es otra cosa. Salario significa una relación formal de trabajo. Salario básico es el salario mínimo vital y móvil”, explican desde el Senado, desde donde apuestan a impulsar un proyecto “peronista” de refuerzo de ingresos.
Tampoco será “universal”, ya que el objetivo no es que sea para todos, sino para las personas en mayor situación de vulnerabilidad. La iniciativa de Hagman incluye a los trabajadores informales de la economía popular, empleadas de casas particulares, las categorías más bajas del monotributo, entre otros, lo que implica un universo de alrededor de 7,5 millones de personas. Si bien aún no hay precisiones, el objetivo del kirchnerismo está puesto fundamentalmente en eliminar la indigencia.
El universo de beneficiados es uno de los motivos de discusión. El monto, en cambio, es más factible que sea el mismo que propone el proyecto de Patria Grande: una Canasta Básica Alimentaria (que en mayo había sido de 14.400 pesos).
A la hora de discutir las fuentes de financiamiento -principal argumento en contra del sector cercano al presidente-, desde el Kirchnerismo cuestionan la postura fiscalista de la gestión de la ministra de Economía Silvina Batakis y advierten: “Hay que ponerse creativos“.
Algunos de las propuestas para sortear ese problema sería el impuesto a la Renta inesperada, aumento de retenciones, transferencia de los subsidios a las tarifas energéticas, etc. Mientras tanto, los movimientos sociales, sindicatos y referentes que impulsan el proyecto advierten que, tarde o temprano, el gobierno tendrá que “pelearse con alguien” para costearlo.
(InfoGEI)Ap
