La acusación apunta al Procurador
General bonaerense, Julio Conte Grand, por "encubrir" varios hechos
de corrupción ocurridos durante la gestión de Cambiemos.
La presidenta de la comisión de
Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense,
Susana González, denunció penalmente al Procurador General de la provincia,
Julio Conte Grand, acusándolo de "encubrir" a funcionarios del
gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían
cometido hechos de corrupción. Además pidió que se investigue a otras seis
personas por la posible comisión de los delitos de "malversación de fondos
y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones
destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas".
Entre los demás denunciados se
encuentran el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal
Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica,
Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de
Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago e integrante de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
"La denuncia apunta al
entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra
trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con
agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo
nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal", dijo
González. Y también los acusó de "exacciones ilegales, negociaciones
incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico
de influencias y asociación ilícita".
En su denuncia, González expresó que esos hechos "se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales", lo que, afirmó, evidencia "la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General".
Según publicó Télam, para la
diputada se conformó durante la gestión macrista "un plan de acción
coordinado entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y
provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la
persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales
otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión". La legisladora remarcó
además que "un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a
los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI
y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como
provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago".
Para González, el fiscal a cargo
de esa causa, "decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un
acto de corrupción que comprometía a Cambiemos", lo que considera "un
hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que
incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la
AFI, por unos 95 millones de dólares". La denuncia fue radicada en el
juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó
que "la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado
de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y
propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el
gobierno de María Eugenia Vidal".
La diputada indicó a su vez que
"se toparon con su propia torpeza" y que la pericia "demuestra
que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones
que no fueron construidas". Como parte de la denuncia se presentó además
el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita
al Astillero Río Santiago, realizado el 8 de febrero de 2019; y en ese sentido
González añadió que hubo "un contrato suscripto entre Astilleros y una
sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a
la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de
dólares" en 2016.
Así, de acuerdo con la
legisladroa, desde que asumió Conte Grand hubo un plan para cometer "actos
a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el
enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de
corrupción".
Fuente: 221.com.ar