A través de un escrito, el hermano del expresidente acusó un "problema de salud" para reprogramar la audiencia prevista para las 10, en la que iba a presentarse como testigo del caso por las declaraciones que realizó en el libro "Hermano".
Mariano Macri, hermano del
expresidente Mauricio Macri, pidió este lunes una prórroga por razones de salud
para declarar como testigo en la causa por supuesto espionaje ilegal desde la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos.
El hermano del expresidente
estaba citado para las 10 de este lunes por el juez federal Marcelo Martínez de
Giorgi en la causa que se reactivó con una serie de declaraciones y medidas de
prueba ordenadas por la Justicia, pero presentó un escrito en el que pidió
reprogramar la audiencia, informaron fuentes judiciales.
El magistrado busca preguntar
bajo juramento de verdad a Mariano Macri en base a dichos que se le atribuyen
en el libro "Hermano", escrito por el periodista Santiago O' Donnell.
Para el próximo martes, por otro
lado, estaba citada en la causa la interventora de la AFI Cristina Caamaño,
pero hizo saber al juzgado que hará uso de la prerrogativa de declarar por
escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas, indicaron las fuentes.
A Caamaño se la citó como testigo
en relación a un reportaje publicado por el diario "Tiempo Argentino"
el 25 de diciembre pasado y se le informó que "deberá ser relevada de la
obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520", detalló el
magistrado en la resolución de la citación.
La semana pasada también anunció
su intención de responder por escrito el diputado nacional Diego Santilli, una
de las víctimas del espionaje y querellante en el caso, ante lo cual en el
juzgado prepararán los pliegos de preguntas una vez consultadas todas las
partes.
El primer testigo en esta ronda
de declaraciones se presentó el martes pasado y se trató del exfuncionario del
Ministerio de Defensa José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con
explosivos en la entrada de su domicilio.
Un detenido en una causa por
narcotráfico declaró que habría sido contactado por un abogado que trabajaba
para la AFI para dejar esa caja frente a la casa de Vila.
El ex funcionario se presentó en
el juzgado y declaró durante varias horas ante el juez y el fiscal del caso,
Franco Picardi.
Otro testigo será el juez de
Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo "a fin de que se
expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y
Juan Sebastián De Stefano", dos exfuncionarios de la AFI imputados en la
causa.
Carzoglio denunció haber recibido presiones de agentes de la AFI que respondían directamente a Macri para firmar una orden de detención contra el sindicalista del gremio de Camioneros Pablo Moyano, un pedido al cual el magistrado se negó a ejecutar.
Martínez De Giorgi ordenó las
citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso al quedar a cargo de la
investigación tras el pase del a causa del fuero federal de Lomas de Zamora a
Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.
En la causa estuvieron procesados
los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani, junto a otros exjerárquicos y exagentes del organismo.
Sin embargo, cuando el caso pasó
a los Tribunales de Comodoro Py, a pedido de las defensas de los exfuncionarios
acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y
concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI sino que se trató del
accionar ilegal "cuentapropista" de un grupo de espías que no fue
debidamente controlado por Majdalani, segunda en la jerarquía que la agencia
tuvo durante el gobierno de Macri.
Arribas, Majdalani y los
restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.
La exfuncionaria quedó procesada
por presunto "incumplimiento de deberes" a raíz de no haber
controlado las actividad de un grupo de agentes que se denominaban a sí mismos
como los "Súper Mario Bros", quienes quedaron con procesamientos
confirmados por infracción a la ley de Inteligencia.
Distintas querellas apelaron el
fallo emitido por la Cámara Federal porteña del 21 de diciembre pasado, pero
los recursos fueron rechazados y sólo resta ir en queja directa ante la Cámara
de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal del país.
La Cámara Federal ordenó
profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.
El magistrado dispuso las nuevas
medidas y, entre ellas, pidió con carácter de "muy urgente" informes
a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO)
sobre la existencia de "un sistema de entrega de las llamadas
interceptadas judicialmente" entre ese organismo y la AFI "a través
de un enlace dedicado o mecanismo similar".
Caamaño informó al juez sobre la
existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas
hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde
la DAJuDeCO a la AFI y que no fueron destruidas.
Martínez De Giorgi requirió que
la DAJuDeCO informe "si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo
operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la
totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada
judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido
expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación", entre
otros puntos.
A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los "números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros" entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.
