Una red político-judicial conforma una estructura de poder consolidada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal.
La causa que involucra a la
diputada provincial Carolina Píparo y a su esposo confirma la permanencia de
una estructura político-judicial que se consolidó durante el Gobierno de María
Eugenia Vidal y que se mantiene vigente. Fuentes consultadas por Página/12
coincidieron en señalar que las principales figuras de ese entramado son el
procurador general de la Suprema Corte provincial, Julio Conte Grand, el
senador de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el fiscal general de La
Plata, Héctor Vogliolo, entre otros.
Como parte de ese grupo señalado
como “eje” del manejo de las causas judiciales, es mencionada la jueza Marcela
Garmendia, quien en 2019 fue separada por “sospecha legítima de parcialidad” en
una causa de presunta corrupción contra el antecesor de Vidal, el ex gobernador
Daniel Scioli. Hoy, Garmendia está a cargo de la causa que involucra a Píparo y
a su marido, Juan Ignacio Buzali.
Lo que se afirma es que la figura
central es Conte Grand, abogado del Opus Dei que María Eugenia Vidal llevó a la
Procuración General. Su ladero principal es el legislador provincial Allan.
Ambos están sospechados de integrar la mesa bonaerense de espionaje ilegal,
bajo el amparo del extitular del Ministerio de Seguridad Cristian Ritondo, y de
la ex gobernadora Vidal. Conte Grand sigue en su cargo, a pesar del cambio de
Gobierno, con el apoyo de los 26 senadores de Cambiemos que son mayoría en la
cámara y garantizan, hoy por hoy, la inviabilidad de un juicio político que
pueda lograr su destitución.
En relación con las políticas
punitivas que avanzaron en los cuatro años de Vidal, Roberto Cipriano García,
secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), le recordó a
Página/12 que esa gestión agravó la situación en territorio bonaerense. Se
profundizaron “las políticas de mano dura que persisten desde hace 20 años”,
por el accionar de ese poder político-judicial, más “un creciente plafón de
discursos mediáticos que endurecieron el tratamiento estatal del problema de la
seguridad”. Así lo señaló la CPM en su Informe Anual 2020, en el que se analizó
la gestión de la ex gobernadora Vidal.
En ese “plafón” mediático es en
el que se intenta refugiar ahora la legisladora provincial Carolina Píparo,
para eludir su propia responsabilidad en el hecho investigado, aunque se trate
de un accionar violento y descabellado que pudo haber provocado la muerte de
dos jóvenes elegidos al azar.
La CPM, al analizar la gestión
Vidal, sostuvo que “Cambiemos profundizó la tendencia punitiva, con
consecuencias gravosas sobre los derechos humanos”. El accionar represivo
estuvo orientado de manera central “a la persecución de delitos menores
cometidos por los sectores sociales más vulnerados”. No se sabe todavía si por
efectos del alcohol, pero si por su visión de la “seguridad”, el marido de
Píparo “disparó” su Fiat 500L sobre dos supuestos “motochorros”, un término
acuñado desde la presión mediática que estigmatiza a todo joven que esté subido
a una moto.
El diputado provincial Guillermo
Escudero le dijo a este diario que “el eje de la política punitiva fue Conte
Grand”, que se mantiene en el cargo, a pesar de los pedidos para que renuncie.
“En el proceso de domesticación de los jueces mediante la amenaza del juicio
político, tiene como compañero al senador (Juan Pablo) Allan y cuentan con el
acompañamiento de la jueza Marcela Garmendia”, que es la que hoy tiene en su
poder, casualmente, la causa que involucra a Píparo y a su esposo. Por sus
antecedentes de parcialidad, los abogados querellantes que representan a los
dos motociclistas atropellados, presentaron la recusación de la magistrada,
rechazada por Garmendia.
En noviembre de 2019, la Sala V
del Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió apartar a la jueza Garmendia
por “sospecha legítima de parcialidad” en una causa contra el ex gobernador
Daniel Scioli. Se trataba de una causa por presunto lavado de dinero y desvío
de fondos promovida por la diputada Elisa Carrió. Los jueces Mario Eduardo
Kohan y Carlos Natiello sostuvieron en su fallo que el “temor fundado o
sospecha legítima de parcialidad es justamente el que se verifica en el caso”
dada la existencia de “elementos suficientes para temer que la señora Garmendia
ha abandonado su rol de tercero imparcial”. Un año antes, la Sala III de la
Cámara de Apelaciones había rechazado la recusación a la jueza. Escudero
precisó que “Garmendia es la jueza del grupo y por esa razón siempre buscan que
las causas importantes para ellos caigan cuando ella está de turno”, explicó
Escudero.
El diputado del Frente de Todos
dijo que otro de los integrantes del “eje” es Alex Campbell, diputado
provincial por Cambiemos y además “coordinador del grupo de inteligencia” que
habría realizado seguimientos ilegales durante la gestión de Vidal y del ex
presidente Mauricio Macri. La extensión del grupo trasciende el territorio
bonaerense: “Se sabe que Julio Garro (el intendente de la ciudad de La Plata)
tenía vinculaciones con Silvia Majdalani”, quien acompañó en su gestión al ex
director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arribas. Ambos
están involucrados en el espionaje ilegal del Instituto Patria y en el
domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner.
El legislador provincial agregó
que en ese contexto de “manejo de las causas”, Betina Lacki y María Cecilia
Corfield “fueron las dos fiscales emblemas de Conte Grad”. Escudero mencionó
“como dato de color” que Lacki tiene tal identificación con el Gobierno
anterior que en el comedor de su casa tiene una gran foto del ex presidente
Macri. Retomando la actuación de Allan, sostuvo que él fue quien “domesticó al
fiscal (Jorge) Paolini y al juez (Pablo) Raele, utilizando un látigo en extremo
riguroso, con el compromiso de parar los jury de enjuiciamiento contra
ambos". Los dos estaban denunciados por irregularidades en su desempeño en
el Poder Judicial y hoy “las causas duermen en la Comisión de Enjuiciamiento
que maneja Allan” en la Cámara de Senadores de la provincia.
Escudero aseguró que “con ese esquema judicial intervinieron directamente en el accionar de la Justicia provincial durante los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal”.
En ese marco, es necesario
mencionar a Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Proyectos
Especiales de la Municipalidad de La Plata, “un área a la que no se le conocen
tareas específicas, salvo el contacto permanente del funcionario con su madre”,
la jueza Marcela Garmendia, la misma que lleva la causa Píparo.
El hijo de la magistrada fue
señalado de tener una presunta actividad delictiva, en el marco de la
investigación de la megacausa de la denominada “banda mixta de policías, jueces
y ladrones”, en la que está involucrado el ex juez Daniel Llermanos. Uno de los
pedidos, en la causa, fue que se investiguen las comunicaciones existentes en
el celular del funcionario platense. Se señalaba la posible existencia de
“presuntos pedidos de coimas”.
El pedido fue presentado por el
fiscal Juan Menucci, en relación con una causa iniciada a partir de la denuncia
del detenido Javier Ronco en contra de Martínez Garmendia. El nombrado Ronco
está acusado por el doble crimen de Maria Martini y Carlos Rodríguez , ocurrido
en 2008. Según Ronco, el funcionario le pidió una importante suma de dinero, a
cambio de conseguirle el arresto domiciliario, con salidas laborales.
Escudero recordó que en esa
causa, también está involucrado el ex fiscal Tomás Morán , por haber
beneficiado con salidas laborales a Ronco, es decir lo mismo que ofrecía
Martínez Garmendia. “Ronco está acusado por el doble homicidio y le ofrecían
salidas laborales muy generosas que le permitían moverse a sus anchas en su
local de compra-venta de autos. La jueza Garmendia fue quien otorgó esa
morigeracion en un proceso récord de solo tres horas”.
La otra pata de la organización,
de acuerdo con lo dicho a este diario por Escudero, es “el brazo policial, que
siempre fue Sebastián Martínez Paz”, designado jefe de la Departamental de La
Plata, la policía local dependiente del municipio. “Antes, el primero que hacía
de nexo en la fuerza policial fue Daniel Piqué”. El nombrado, un policía
retirado, fue secretario de Seguridad de la comuna platense, hasta su
procesamiento por el caso de Emilia Uscamayta Curi, la joven de 26 años que
murió ahogada en una pileta en 2016, en una fiesta clandestina de Año Nuevo.
“Hoy el que sigue en esas funciones es Darío Ganduglia”, primer concejal de la
gestión Garro, secretario de Seguridad y posible actual intendente interino por
licencia del titular de la comuna platense. Ganduglia es quien aparece
asistiendo a Píparo al final del recorrido en que atropellaron y dejaron
abandonados a dos motociclistas.
La denuncia para que se
investigue a los responsables de la fiesta clandestina en la que murió Emilia
Uscamayta Curi, está a cargo del abogado de la familia, Adrián Rodríguez
Antinao. “El andamiaje judicial que protege al Gobierno municipal de La Plata está
intacto y eso tiene que ver, sobre todo, por la falta de investigación a fondo
en temas que involucran a personajes del poder político o cercanos al mismo”,
aseguró el letrado. Para Rodríguez Antinao “una de las personas clave en este
andamiaje es alguien poco nombrado, Héctor Vogliolo, quien desde hace años
viene actuando como fiscal general, como jefe de los fiscales” del Departamento
Judicial de La Plata.
Consideró que Vogliolo es “una
especie de monje negro, anónimo para la ciudadanía, pero desde que está en
funciones se han sucedido escándalos de todo tipo, que le han costado el puesto
a muchos fiscales, sin tocar nunca a Vogliolo”. Precisó que eran “fiscales que
armaban causas contra personas, para sacarles dinero, dado que se trataba de
empresarios con poder económico”.
Recalcó que el caso de la chica
que se ahogó en la pileta es “una muestra clara de cómo se manejan las causas
cuando involucran a personajes del poder político”. Explicó que “la maniobra
consiste en que, en lugar de enviar juntos, en la misma causa, a todos los
funcionarios y ex funcionarios involucrados, lo que hacen es dividir la causa y
terminan mando una sola persona a juicio”.
Con posterioridad “esa persona,
ese único imputado, es sobreseído, mediante un mecanismo complejo para generar
impunidad”. Como existe una “garantía procesal de prohibición de doble
persecución penal que ampara a la persona que fue absuelta, en el caso de
Emilia, todos dicen ‘yo no fui, fue el comisario Piqué”, que es el único
procesado que irá a juicio oral por el caso de la chica.
“Hasta ahora, lo tenemos a Piqué
como imputado, pero si lo hubieran absuelto, como lo intentaron varias veces,
no podría volver a ser juzgado aunque todos los demás lo acusen de ser el
culpable”. Definió la maniobra como “cae uno y salva a todos los demás”.
Martín de Vargas, uno de los
abogados que representa a los chicos atropellados por el marido de la
legisladora Carolina Píparo, justificó la recusación de la jueza Marcela
Garmendia, en sus antecedentes de parcialidad. La causa ya fue dividida, por un
lado el robo denunciado por Píparo, por el otro, la de “homicidio en grado de
tentativa”. El único imputado es Juan Ignacio Buzali y la legisladora declaró
como testigo denunciante en la causa por el robo, pero habló sobre los dos
hechos. La estrategia de su abogdo Fernando Burlando es “sacar de la mejor
manera al marido y evitar que ella pueda ser imputada, como pide la querella”,
dijo una fuente judicial consultada por este diario.
En el caso Uscamayta Curi, al
comisario Piqué “lo quisieron absolver tomando como base los sumarios
administrativos de la policía, en los cuales, por supuesto, los efectivos no
denunciaban a su jefe. Tuvimos que apelar a la figura de la ‘certeza negativa’,
que es la que establece que no se puede sobreseer a nadie si no hay ‘certeza
negativa' que establezca fehacientemente que no es culpable”. El juicio oral
todavía no tiene fecha.
La fiesta clandestina en la que
se produjo la muerte de la joven ocurrió el 1º de enero de 2016. Para llegar a
la imputación del comisario Piqué, primero hubo que lograr que se apartara de
la causa al primer fiscal, Alvaro Garganta, por “graves falencias
investigativas”.
Los responsables de la fiesta que
se hizo en una quinta de Melchor Romero, aunque había sido prohibida expresamente,
fue organizada por empresarios amigos del poder. Fueron ellos Gastón
Haramboure, Santiago Piedrabuena y Carlos Bellone. El cuarto fue Raúl “Peque”
García, un militante del PRO que se hizo famoso por aparecer en fotografías,
abrazado con el expresidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal
y la diputada Elisa Carrió.
La prohibición de la fiesta se
produjo por una medida de la Dirección de Control Urbano del municipio, pero
otros funcionarios la “habilitaron” en forma clandestina, se presume que luego
de recibir una coima. Hasta el intendente Julio Garro tuvo que ir a prestar
declaración dada la gravedad de las irregularidades.
En las redes sociales se mencionó en su momento a Juan Manuel Martínez Garmendia, otra vez el hijo de la jueza, como supuesto responsable de la autorización ilegal de la fiesta que terminó en tragedia. Los eventos de ese tipo, en lugares no aptos para reunir a miles de personas, son moneda corriente en la ciudad de La Plata.
