Un reclamo histórico de la Provincia que recrudece con nuevos conflictos

Aporta el 35% del dinero total que Nación le reparte a otras gobernaciones por este concepto, pero recibe apenas el 19,9%
La coparticipación federal de impuestos es motivo de discusión periódicamente entre los gobernadores y el Gobierno nacional. Lo que se discute es qué fondos se deben repartir entre la Nación y las provincias, y qué porcentaje para cada una. La última modificación de fondo data de 1988, con la sanción de la Ley N° 23.548. Allí, la Provincia de Buenos Aires perdió casi 7 puntos en la coparticipación, ya que con la Ley anterior, N° 20.221 recibía el 27 por ciento y luego de la nueva normativa quedó en 19,9 por ciento, porcentaje que no se modificó hasta hoy.
La coparticipación establece en qué proporción el dinero que recauda el Estado a través de impuestos va a ser luego transferido a las provincias.
La masa coparticipable bruta se compone del 100 por ciento de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias, el 89 por ciento del IVA y el 100 por ciento de los impuestos internos coparticipables, entre otros tributos menores.
Actualmente la Nación se queda con el 52 por ciento del total, los estados provinciales con el 47 por ciento aproximadamente, y el 1 por ciento restante va como aporte al Tesoro Nacional. Luego, en un segundo paso, se determina cuánto de ese 47 por ciento que va a las provincias le corresponde a cada una de ellas.
Según datos del INDEC y el Ministerio de Hacienda en un informe elevado al Senado nacional este año, en la comparación del indicador de población y de lo distribuido (ingreso per cápita), la Provincia de Buenos Aires es la más perjudicada, con un reparto de $2.215 por habitante, seguida de CABA con $2.800; Mendoza $3.384; Córdoba $3.774; Santa Fe $4.016; Misiones $4.360; Chubut $4.528; Salta $4.557; Neuquén $4.596; Tucumán $4.639; Corrientes $5.408; Entre Ríos $5.569; Río Negro $5.601; Jujuy $5.967; Santiago del Estero $6.693; Chaco $6.722; San Juan $6.940; San Luis $7.368; Santa Cruz $8.309; La Pampa $8.415; La Rioja $8.663; Formosa $9.644; Catamarca $10.369 y Tierra del Fuego $13.793.
El mismo informe refleja que los recursos enviados a las provincias por la coparticipación representan poco más del 7,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Y hay 7 casos donde la participación en el PBI es mayor que la participación relativa en la distribución de la coparticipación: la mayor diferencia se observa en la CABA, con una brecha superior a 13 puntos, y luego se ubica la de la Provincia de Buenos Aires con una diferencia de 12,7 puntos. Con menos de 1 punto entre los dos indicadores se encuentran Neuquén, Chubut, Córdoba y Mendoza.
En el resto de las 17 provincias siempre el indicador de lo que reciben de recursos es mayor que su participación relativa en el PBI: las brechas más amplias la muestran Chaco 3,4 por ciento, Formosa 2,8 por ciento, Santiago del Estero 2,8 por ciento, Tucumán 2,7 por ciento y Corrientes con 2,5 por ciento; mientras que en el resto de las provincias la brecha se ubica entre los 2 y 1 punto.
DESIGUALDADES
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE APORTA UN PORCENTAJE MUY GRANDE DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS -CERCA DE UN 35 POR CIENTO- Y RECIBE 19,9 POR CIENTO DE LA COPARTICIPACIÓN. MUY LEJOS LE SIGUEN SANTA FE Y CÓRDOBA CON ALGO MÁS DEL 9 POR CIENTO, Y ASÍ VA BAJANDO PROVINCIA POR PROVINCIA, TENIENDO EN CUENTA ESOS TRES CRITERIOS.
La Provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de recursos per cápita de origen nacional mucho menor a los habitantes que tiene y contribuyen a financiar la renta nacional a través del pago de impuestos. Considerar que el territorio bonaerense es el más desarrollado es un lugar común que lejos está de ser cierto, porque hay otros distritos como Córdoba, CABA, Santa Fe, Mendoza o Entre Ríos que tienen mejores indicadores en términos de desarrollo relativo.
Ese desequilibrio en los fondos públicos se refleja en problemas presupuestarios que impactan en sectores sensibles como seguridad, vivienda, educación y servicios. Y estallan en conflictos presupuestarios y reclamos salariales, como el que hoy se vive con la Policía bonaerense.
Con el Consenso Fiscal de 2017 el gobierno nacional dio dinero a la Provincia para compensar la pérdida que el tope de los 650 millones de pesos en el Fondo del Conurbano, pero a la par le transfirió los costos de los subsidios al transporte y las empresas de distribución eléctrica Edesur y Edenor. Ello, sumado al cronograma de reducción gradual de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos que el mismo Consenso impuso hizo que el avance en la materia se haya neutralizado.
Nuestra Constitución nacional establece que una nueva ley de coparticipación debió ser sancionada a fines de 1996. Nada de ello ha ocurrido y sigue aplicándose la ley de 1988 (N° 23.548) que tiene una cláusula de renovación automática en su artículo 15, que establece que si no hay una nueva ley, la N° 23.548 se renueva año a año.
Con la recuperación del impuesto a las Ganancias desde 2003 fundamentalmente la Provincia volvió a quedar severamente discriminada respecto del resto de las provincias por cuanto únicamente recibía al año 650 millones de la recaudación del impuesto a las ganancias en el marco de su afectación específica. De tal manera, para graficar la injusta situación en la que se encontraba la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego llegó a recibir considerablemente más dinero per cápita que Buenos Aires. Está situación motivó a que la Provincia demande ante la Corte Suprema de justicia de la Nación al Estado Nacional, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la distribución del impuesto a las ganancias. El caso no fue resuelto ya que la provincia lo desistió en el marco del Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre el Estado Nacional y las provincias. Dicho consenso fiscal se propuso derogar la distribución del impuesto a las Ganancias compensando a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se asignó la suma de 21 mil millones de pesos durante 2018 y de 44 mil millones durante 2019, actualizables en base a la inflación desde 2020.
Por Esteban Pérez Fernández / El Día