El conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires comienza a reactivarse tras el reclamo unificado de gremios estatales hacia la gobernadora, María Eugenia Vidal. Con una movilización en La Plata, tanto ATE como AJB, Cicop, APL y Aemopba realizan un paro. Reclaman “la reapertura de paritarias, aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación y el cese de los despidos”.
En conferencia de prensa, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, manifestó que llegan a la medida “dispuestos a llevar la pelea para tener salarios dignos hasta las últimas consecuencias y no que tengamos recién en el mes de diciembre un salario de 19.800 pesos fruto del acuerdo del gobierno con otros sindicatos cuando la línea de pobreza está por encima de los 27.000 pesos”.
“Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% por encima del 20% ya otorgado y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo por si se dispara la inflación. Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal”, añadió.
Mientras tanto, el titular de la AJB, Pablo Abramovich, dijo que “los judiciales fuimos convocados por el gobierno, pero su propuesta no resuelve el tema acuciante para nuestros salarios, cuando pedimos cláusula gatillo y la recuperación porcentual del año pasado ellos se niegan”.
Por su parte, Marta Marquez, presidenta de Cicop, señaló que “los profesionales de la salud nucleados en Cicop estaremos de paro porque tenemos sin cerrar la paritaria de 2018 con el compromiso de convocarnos en diciembre. Calculamos una pérdida de 15 puntos y exigimos que también se tenga en cuenta la actualización automática. La crisis en salud es muy preocupante, los salarios están desjerarquizados y tenemos renuncias y falta de residentes, por lo cual hay servicios cerrados o que funcionan al 50 por ciento y por lo tanto colapsa la atención”.
En tanto, la titular de Aemopba (Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires), Adriana Pizarro, sostuvo que “había en un principio presupuesto para obra pública, pero no hay inversiones ni se llevaron adelante. Se está privatizando el control de obras hidráulicas y el gobierno decidió que lo auditen empresas privadas. Uno de cada tres trabajadores es precarizado, pero los obligan a trabajar full time y los aterrorizan con que la selección de personal será a dedo”.
