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viernes, 28 de julio de 2017

Piden emergencia hídrica para 26 distritos

 

Atenuar los ingentes padecimientos sufridos por los habitantes, permitir la prestación normal de los servicios, la producción y la comunicación, apuntalan el proyecto de ley por el cual el diputado Andrés Quinteros, FPV-PJ, solicita la emergencia hídrica en 26 partidos del territorio bonaerense.

Su pedido abarca a General Villegas, Florentino Ameghino, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, General Pinto, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, 25 de Mayo, Leandro N. Alem, Lincoln, General Arenales, Carlos Casares, Junín, Chacabuco, 9 de Julio, General Viamonte, Bragado, Colón, Rojas, Salto, Pergamino, Arrecifes y San Nicolás.

El diputado entiende que debe ser mediante una ley porque "es el instrumento normativo que permitirá generar más herramientas que las que faculta la mera declaración por decreto, y de esta manera estaremos acercando beneficios concretos a los pobladores afectados, morigerando, al menos, la difícil situación por la que atraviesan".

Requiere que la medida se extienda por 360 días y se prorrogue si no alcanza el tiempo para desarrollar las obras necesarias y la puesta en vigor de las acciones tendientes a reparar los daños ocurridos o que se produzcan, en vía del nivel de las inundaciones y el lento escurrimiento actual de las aguas.

Reitera Quinteros la grave situación provocada por las lluvias que han superado los volúmenes de drenaje de las cuencas, con la saturación de la capacidad de absorción de los suelos, como también los desbordes anegando las áreas en las que viven grandes núcleos urbanos y rurales.

Al mismo tiempo, advierte que se trata de darle al Poder Ejecutivo el instrumento para que encare las consecuencias de detrimento económico que aflige a los miles de vecinos de esos 26 distritos.

Entre otros puntos, demanda el legislador que se exima del pago del impuesto inmobiliario urbano edificado, el de los automotores y de los ingresos brutos, correspondientes a este año.

En el caso del último de los tributos, beneficiará a damnificados que en el periodo fiscal 2016 no hubiesen superado el millón de pesos.

Entre otras decisiones en favor de los perjudicados por las aguas, solicita la suspensión por 360 días de los trámites de ejecución de las sentencias dictadas por jueces de cualquier fuero y jurisdicción, que condenen al paro de dinero contra personas físicas o jurídicas, declarada la emergencia hídrica.

Tampoco serán ejecutables esas sentencias respecto de bienes inmuebles emplazados en esos lugares devastados o de los muebles o accesorios a su explotación.

Al margen, quedan el cobro de créditos de naturaleza alimentaria y los de origen laboral.

Política - Télam