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La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina,

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miércoles, 7 de septiembre de 2016

Allanamiento y otro escándalo en el Tribunal de Cuentas

 

Un nuevo escándalo, esta vez con acusaciones de un presunto robo de información reservada, sacude por estas horas al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Una funcionaria denunció en la Justicia platense que le borraron informes que estaba realizando sobre los gastos del ejercicio 2015 de la ex administración de Daniel Scioli, y ante esa presentación un juez ordenó el allanamiento del organismo.

En ese operativo desarrollado por efectivos de Gendarmería, se secuestraron computadoras y diversa documentación.

Este diario pudo saber en fuentes judiciales y del propio Tribunal que la abogada Melania Casas, encargada de revisar gastos efectuados por la gestión de Scioli correspondientes al año pasado, llegó a su lugar de trabajo y constató que desconocidos habían operado su computadora eliminando archivos y cambiando de lugar otros.

Ante esa situación, radicó una denuncia ante la fiscalía de turno a cargo de Alvaro Garganta, justamente el mismo fiscal que investiga la acusación que realizó hace un par de meses la diputada Elisa Carrió contra Scioli por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento.

DICTAMEN

Casas, además, habría expuesto ante el fiscal que “algún funcionario la interpeló sobre qué iba a poner en el dictamen sobre las cuentas que estaba examinando”, según dijeron fuentes judiciales.

El allanamiento solicitado por Garganta fue autorizado por el juez Guillermo Atencio.

El fiscal explicó que “una abogada del Tribunal de Cuentas que hizo el primer análisis de los libros contables de la gestión Scioli, dijo que alguien de la Vocalía Central -que estudia las cuentas de los ministerios, de Gobernación y de Jefatura de Gabinete- se le metió en la computadora, le corrió carpetas, miró sus escritos y sus informes”.

“Entonces, hicimos el allamiento para ver si se puede determinar quién se metió en esa computadora y con qué clave”, apuntó.

Aclaró que el allanamiento “tiene que ver con la investigación que lleva a cabo la fiscalía en la causa Scioli, pero esta intervención se libró exclusivamente por la denuncia de esta abogada por la intromisión en su computadora”.

Tras el allanamiento, el Tribunal de Cuentas provincial emitió un comunicado en el que precisa que la diligencia judicial se concretó “en la Vocalía de Administración Central, sector responsable de auditar las cuentas de la Gobernación, Jefatura de Gabinete, Ministerios y otras dependencias”.

“Simultáneamente se allanó la oficina de la Dirección de Sistemas del Organismo”, precisó el comunicado, y destacó además que “el Tribunal de Cuentas, por medio de su presidencia, está colaborando plenamente con la Justicia, respondiendo puntualmente con las órdenes y mandamientos librados por los órganos judiciales”.

En el organismo de control se libra una dura interna que muestra por un lado a su presidente Eduardo Grinberg y los vocales Gustavo Fernández y Carlos Tellechea, y por el otro a los otros dos vocales, Héctor Giecco y Cecilia Fernández.

Justamente Cecilia Fernández, está a cargo de la vocalía que resultó allanada. El comunicado enviado por Grinberg se encarga puntualmente de remarcar esa situación.

CASO IOMA

De todos modos, la vocalía de Tellechea, aliado a Grinberg, tiene a cargo el examen de las cuentas de los organismos descentralizados como el IOMA, el IPS o el Astillero, también apuntados en la denuncia de Carrió.

El último fallo sobre los gastos de la obra social multa con 9 mil pesos a su ex presidente Antonio La Scalelia por diversas irregularidades. Una sanción que contrasta con las denuncias penales efectuadas por el gobierno de María Eugenia Vidal que habla de un desfalco de cerca de 1.500 millones de pesos.

En medio de esa puja hay que anotar desplazamientos de funcionarios, fuertes denuncias cruzadas y acusaciones de alto voltaje. En ese marco, Fernández y Giecco tomaron licencia por motivos de salud.

Garganta solicitó días atrás al Tribunal de Cuentas las rendiciones financieras del gobierno entre los años 2008 y 2015 y citó a declarar a funcionarios en el marco de la denuncia de Carrió.

Política - Télam