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La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina,

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martes, 2 de agosto de 2016

Edelap: negocios que oscurecen, bajo la lupa

 

En el programa Todo en uno, que se emite por el canal A 24, se difundió un informe sobre quiénes son los personajes que manejan el negocio de la luz en la Provincia de Buenos Aires, amasando cifras millonarias producto de un tarifazo que se encuentra objetado por la Justicia.

Entrevistado en el programa, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, sostuvo que las empresas no están habilitadas para cobrar estos aumentos porque la Cámara Federal de La Plata los suspendió en la Provincia. Además, el magistrado afirmó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no revocó su fallo, que había anulado el tarifazo en Buenos Aires. Otorgué al recurso de apelación un efecto no suspensivo, el fallo se tiene que cumplir hasta que la Cámara lo confirme o revoque.

La Cámara lo único que hizo fue cambiar el efecto de ese recurso y suspenderlo hasta que se resuelva. Se vende frente a algunos medios como si fuera una revocación. No sé de dónde sale la información, pero realmente es malintencionada y errónea, agregó. 

El juez también cuestionó la audiencia pública realizada la semana pasada en Mar del Plata. El Ejecutivo debería hacerla en días hábiles, no en vacaciones de invierno. Hay muchos usuarios que no pudieron participar. Dejó mucho que desear en cuanto a participación y debate, afirmó el magistrado.

En el debate también participó el senador provincial Sebastián Galmarini (Frente Renovador) y el ex diputado provincial Walter Martello, quien cuestionó los millones amasados por Edelap a partir de un tarifazo objetado por la Justicia. Martello remarcó que pese a los miles de millones que Estado nacional destinó en concepto de subsidios, Edelap pasó de tener una pérdida acumulada de $605 millones y un patrimonio negativo de $120 millones- en 2014 a embolsar en solo tres meses, producto del aumento tarifario, una ganancia neta de $424 millones. 

Tal como lo viene informando el diario Hoy, las sospechas apuntan a que el tarifazo solo sirvió para rescatar a una empresa en situación de quebranto. 

En el programa también estuvo el dirigente del MST, Alejandro Bodart, quien manifestó que "las empresas dibujan números para tener más subsidios y más tarifas. Ganan y no invierten, cuando la luz es un derecho. Es corrupción dar subsidios a empresas que no invierten y que no cumplen los contratos de concesión. Pareciera que tienen impunidad". 

En el informe televisivo se mostró cómo, desde los años 90, gran parte de la distribución de energía está en manos de compañías monopólicas, manejadas por un puñado de empresarios cercanos al poder político de turno. 

En territorio bonaerense, las sociedades Edelap y EDEA no solamente tienen en común las múltiples quejas y denuncias por un servicio cada vez más deficiente en zonas como La Plata y Mar del Plata. También comparten los mismos dueños: se trata del grupo empresario encabezado por Alejandro Macfarlane, yerno de quien fuera titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, durante el gobierno menemista del cual el actual dueño de Edelap también formó parte.

Para Edelap, hay ciudadanos de primera y de segunda 

Fueron las palabras de Valeria Amendolara, diputada provincial, quien agregó: nosotros lo que notamos es una gran desinversión año tras año. Hace falta inversión, pero también la voluntad de la empresa (Edelap) de brindar soluciones a todos los ciudadanos, y no como hace ahora, que considera que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Consideran que en determinadas zonas pueden garantizar el servicio, y en otras no. Lo mínimo que pretendemos es que estas empresas, den respuestas a la ciudadanía.

La empresa tiene que ser reestatizada 

Sentenció el diputado provincial Gustavo di Marzio, quien también expresó que lo que sucede con la energía eléctrica tiene que ver con una empresa que está concesionada, que formó parte de la privatización instrumentada en los años 90 y le dieron un canon por 95 años. Tenemos que analizar la posibilidad de rescindir el contrato y que la empresa sea restatizada. La empresa tendría que volver al Estado para que el factor principal no sea la ganancia, sino la inversión social.

Política - Télam