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lunes, 22 de agosto de 2016

Aparecen escuchas por el presunto fraude en Salud

 

El programa La Cornisa reprodujo anoche un diálogo entre un supuesto proveedor de facturas truchas y un socio, en la que nombran a un ex funcionario de Daniel Scioli que se encuentra detenido.

Según se pudo oír en el programa que emite el Canal América una charla entre el presunto proveedor de facturas truchas y su socio, y la grabación se suma a los elementos existentes en la investigación por un presunto fraude en la compra de insumos en el Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.

OPERACIONES FICTICIAS

El programa conducido por Luis Majul, reprodujo una conversación entre Leonardo Paci, señalado como proveedor de facturas truchas para registrar operaciones ficticias, y Víctor Hugo Cáceres, a quien sindican como su socio. En el diálogo Paci y Cáceres están organizando cómo dividir el dinero de la estafa y hablan de Hernán Azzarri, ex funcionario de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones, y uno de los detenidos por el caso.

El informe del programa de Majul se llama “Operación Gasparín”, porque en las escuchas se habla de facturas y operaciones “fantasma” con el nombre del dibujo animado, también conocido como Casper.

La nueva denuncia se agrega a un caso por el que ya hay dos ex funcionarios de Scioli presos. Además de Azzari, está detenida Ana Beatriz Priolo, 48 años, ex directora general de administración del Ministerio de Salud.

“Te cuento que números manejamos. Tenemos uno más que es Hernán, el de adicciones. Con él cobramos el 21 (por ciento) y aparte hay un 10 o 15 que dividimos entre Hernán, la que está al lado de Pérez y yo”, comienza el diálogo Paci. Y luego agrega: “De ahí, después vemos cómo lo repartimos todo. En un principio supuestamente es un 10 (por ciento) para la factura, para el papel. Después un 5 para mí y un 5 para Hernán, es decir, nosotros nos llevaríamos el 15.

Los cargos fueron asociación ilícita, fraudes reiterados contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que tienen penas de hasta 10 años de prisión y 15 en el caso del jefe de la organización.

El expediente lo lleva la Unidad de Investigaciones Complejas N°8 de la capital bonaerense, a cargo de Jorge Paolini, quien también liberó una orden de captura para Carlos Sanguinetti y Viviana Callegui, otros dos ex funcionarios sciolistas.

Política - Télam