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miércoles, 11 de mayo de 2016

Pymes contra todo: rechazan las iniciativas anti despidos del Gobierno y la oposición

 



Por: Diego Estévez


En forma casi unánime, los representantes de diferentes sectores que nuclean a pymes de todo el país se oponen al anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri para suspender despidos por 90 días –en un acuerdo parcial con algunas empresas- y también a la ley contra los despidos que pretende sancionar este jueves el Frente para la Victoria en el Congreso. En muchos puntos, las causas son diferentes a las esgrimidas por el Gobierno y la oposición. Trazan una realidad muy cruda y piden ayuda para sostener el empleo más que para echar a los asalariados. Y remarcan la importancia de mantener el valor de los recursos humanos capacitados en las mismas empresas.

En resumen, no los convence ni la propuesta del macrismo, ni la del massismo ni la del peronismo. Con matices, plantean un plan más integral que los ayude a mantenerse y le exigen al Gobierno correcciones –como el caso de los tarifazos de servicios públicos- para reactivar el mercado interno y poder subsistir.

Para Pablo Reale, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la iniciativa del Gobierno “es apenas un anuncio, pero faltan medidas de fondo. Tampoco estamos de acuerdo con una ley que encarezca despidos”.

El titular de los industriales bonaerenses le explicó a Letra P que “no hay despidos masivos pero hay pérdida de trabajo. Hay que sostener el empleo, eso está bien, pero hay una caída de la actividad económica, el poder adquisitivo del salario está mermado y las pymes necesitan un escenario distinto, porque viven del mercado interno sostenido con un buen salario. La poca rentabilidad que tienen algunas se van en el costo del financiamiento a tasas altísimas. A todos se nos pide un esfuerzo pero el Gobierno debería hacerlo al menos desde la AFIP, porque la presión impositiva que tenemos es altísima y podrían generarse mecanismos para limitarla y ayudar a los que damos trabajo a sostenerlo”.

Desde las entrañas del poder empresarial, el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, admitió que algunos representantes del sector fueron forzados a firmar el acuerdo con el Gobierno para suspender despidos por 90 días, debido a que muchas compañías no tenían "previsto" reducir sus planteles de trabajadores. Además, resaltó que en el mundo empresarial hay un rechazo unánime al proyecto de emergencia ocupacional que impulsa la oposición en el Congreso, aunque aseguró que, si se aprobase, habría que respetarlo.

LADRILLOS HUECOS. El de la construcción es uno de los sectores más golpeados: la Uocra –el gremio que representa a los trabajadores del sector- habla de más de 50.000 despedidos a nivel nacional.

Jorge del Río, titular de la Asociación de Pymes Constructoras (Apymeco), relató a este medio que el acuerdo no alcanza a este sector, porque tiene un fondo de desempleo especial diseñado por el tipo de actividad que realiza. Pero se manifestó a favor de la ley. “Si no van a echar a nadie, ¿cuál es el problema de que salga? Lo que sí creo es que tiene efectos negativos en la generación de puestos de trabajo, porque produce que las pymes, entre tomar a alguien o no hacerlo, opten por esto último, ya que el costo de un puesto de trabajo es mucho más alto proporcionalmente que para una gran empresa”.

Del Río asegura que, para que mejore el mercado laboral, “hay que empezar a producir. La posible ley y el anuncio del Gobierno generan más rechazos que adhesiones, porque lo que queremos es trabajar y generar trabajo. Nuestro sector está muy golpeado, tanto en la obra público como en la privada. Pero en especial la obra pública, que puede generar empleos inmediatos con un plan adecuado. Hay que replantearla por completo. No pueden hacerse licitaciones claras sin redeterminar precios con una inflación que supero el 20 o 30%”.

Por su parte, Alejandro Taborda, titular de la Unión Industrial de Santa Fe, dijo que el acuerdo anti despidos anunciado por el Presidente “fue sorpresivo”, y confió: “Me llamaron un día antes a la tarde desde la UIA y me pasaron por whatsapp la carta de intención. Esta carta se opone a la ley anti despidos e impulsa un compromiso de no despedir empleados por 90 días. Pero la mayor parte de los despidos no viene del sector privado. Es más, en Santa Fe hemos sostenido el empleo en cuanta crisis padecimos en los últimos tiempos. Es redundante comprometerse a no despedir porque no lo estamos haciendo. Cuando una pyme despide, cierra”.

En tanto, el presidente de la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), Ignacio Sadir, aseguró que la ley anti despidos que impulsan los legisladores de la oposición no sirve para incentivar la mano de obra genuina y que es “volver a un concepto de 2002”. “Ya lo vivimos y no dio resultado”, coincidió con Macri.

“Esta ley no sirve para conservar el trabajo ni para incentivar a las empresas de todos los rangos, pequeñas, medianas y grandes, a tomar empleo genuino en sus estructuras, lo que es el gran problema, en definitiva, el que tiene hoy la Argentina: el empleo genuino”, insistió.

El Gobierno apostó a la firma del acuerdo por 90 días con los representantes de las empresas de mayor envergadura para frenar, o al menos desalentar, el avance de la ley anti despidos que impulsan en el Congreso la oposición y las cinco centrales sindicales. La norma prohíbe los despidos por seis meses y establece la doble indemnización.

El compromiso firmado con los empresarios -cuya cantidad no fue informada por el Gobierno- consta de tres puntos: no reducir los planteles de empleados por los próximos 90 días, generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y trabajar junto al Gobierno y sindicatos en una agenda de desarrollo.

Los empresarios Alfredo Coto (Coto); Cristiano Ratazzi (Fiat); Luis Betnaza(Techint); Daniel Funes de Rioja (COPAL); Luis Pagani (ARCOR), Luis Etchevehere(Sociedad Rural), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo Fernández (CGERA) yOsvaldo Cornide (CAME) estuvieron en el acto. Caras que se repiten aunque el Gobierno y el rumbo cambien.

Un día después, ante un grupo de diputados, Cornide, ex kirchnerista y menemista, aseguró que “no ha habido despidos” en el sector y pidió que “excluyan” a las pymes de la ley, al sostener que se trata de organizaciones familiares que evitan despedir a su personal “pese a que las ventas cayeron y que han recibido facturas de luz con aumentos de 500 por ciento”.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), advirtió que prohibir los despidos “no es el instrumento” porque “no hay despidos masivos” y llamó a “poner el foco en la creación de empresas, especialmente pymes”.

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Pedro Etcheberry dijo que se trata de una “ley prohibitiva que no tiene fundamento real porque no existe emergencia ocupacional”, y señaló que el proyecto tiene “muchos déficit técnicos” porque, entre otras cuestiones, quita la herramienta de las suspensiones para evitar los despidos, al sostener que “es una ley mezquina, reduccionista y conservadora”.

Sin embargo, desde Fedecámaras, Rubén Manusovich se pronunció a favor de la ley de emergencia ocupacional “para ponerle fin a este proceso que excluye a los trabajadores” y advirtió que “lo primero que tendrían que hacer los empresarios que estuvieron ayer en Casa de Gobierno es retrotraer los precios en relación al poder adquisitivo de los trabajadores”, al sostener que “si esta ley no sale van a seguir remarcando”.

Oscar Gentili, de la Confederación General Económica Argentina (CGERA), se sumó al rechazo al proyecto para prohibir despidos. Sostuvo, en ese sentido, que “no se protege el salario de nuestros empleados porque haya una ley”, consideró que “el trabajo de ellos se protege con producción y ventas” y que “no se salva un empleo por una ley”. Además, aseguró: “No somos propensos a despedir y una ley que prohíbe los despidos desalienta el empleo nuevo”.

Política - Télam