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La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina,

Casi la mitad de los empleados públicos terminó la gestión kirchnerista con un trabajo de baja calidad



En febrero de 2010, Eva entró a un organismo del Estado vinculado con la información pública (por temor, prefiere no decir a cuál). Por los siguientes cuatro años la mantuvieron con un contrato anual e inestable. "Con La Cámpora en el sector, la pasé muy mal porque no era del palo. Todos los fines de año estaba sin saber qué iba a ser de mí", admitió. A comienzos del año pasado, con el kirchnerismo en plena campaña electoral, le mejoraron el vínculo: "Dejamos de facturar, nos pagaron aguinaldo y los feriados, pero no las horas extras, los francos y otros variables que vienen con la planta permanente". Eva espera que ahora la reconozcan con un trabajo de calidad.

No es un caso aislado. En la Argentina el Estado es, en rigor, el primer ejemplo de un empleador precario. Casi la mitad (un 44,7%) de los 217.000 empleados de la administración pública nacional -ministerios y organismo descentralizados- terminaron la gestión kirchnerista con un trabajo de baja calidad, o sea, sin la estabilidad laboral establecida por la Constitución Nacional para el empleo público. Al sumar a los tercerizados, la cifra asciende al 48,2 por ciento. Al carecer de derechos laborales, los empleados públicos son potenciales víctimas de presiones políticas en el Estado. Un claro ejemplo fue el desmantelamiento institucional del Indec de los últimos 9 años.


El cálculo pertenece a una estimación oficial realizada durante el primer trimestre por el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, que luego de las casi 11.000 desvinculaciones en el Estado anunciadas semanas atrás, aseguró a LA NACION que planea sumar entre 2500 y 3000 empleados -ya contratados desde hace más de 10 años- a la planta permanente en 2016, y que se analizan entre unos 9000 y 9500 casos más para el año que viene.

"La precarización creció muchísimo durante el kirchnerismo", criticó Ibarra. "En los últimos tres años, entraron unos 25.000 contratados al Gobierno. Esa planta tuvo un crecimiento de 55 por ciento", explicó el ministro. De acuerdo a la fotografía que Ibarra encontró cuando el control del Estado pasó de manos, había 217.000 trabajadores en la administración pública nacional. Sólo 120.000 están en planta permanente. Hay otros 25.000 en la transitoria y unos 72.000 contratados, generalmente bajo el llamado "Artículo 9" (contratos anuales con más derechos que la locación de servicios). Al total de los trabajadores deben sumarse alrededor de 15.000 tercerizados a través de universidades públicas con triangulaciones, a veces, poco transparentes. Este último número aún está siendo revisado por los analistas de Modernización.

Los entre 2500 y 3000 empleados que se sumarán a la planta permanente este año (y que ya tienen una década de antigüedad en el Estado) no pasarán por un concurso sino que se sumarán vía una modalidad llamada curso-concurso, que durará de cuatro a seis meses, y que se tratará de una "formación específica para verificar aptitudes que ya deberían tener por su experiencia".

"El año que viene pasamos a todos", afirmó Ibarra sobre los 12.000 contratos analizados. Rápido se ataja: "Siempre que esos puestos hagan falta, porque es una medida importante".

No es la primera vez que el macrismo avanza en esta dirección. Cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires casi no hubo desvinculaciones pero sí reasignaciones de personal en los ministerios, una herramienta que no pudo a nivel nacional utilizar por la cantidad de estructuras superpuestas, según explicaron desde el Gobierno. Además en 2012 Macri sumó 17.000 trabajadores a planta permanente en territorio porteño de un plumazo, lo que terminó de sellar un pacto de no agresión con Sutecba, una situación que, según fuentes gremiales, parece repetirse ahora con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

Justamente, dos semanas atrás Ibarra recibió a recibió a Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, con el que la sintonía es muy buena. Antes estuvo con Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE Nacional, un gremio con sus propias internas (en la Ciudad ganó el kichnerismo). Ambos gremialistas se sumarán a una mesa de diálogo con Ibarra y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se trabajará primero en dos temas clave: la planificación de dotaciones y la movilidad en la administración pública. Pese a los casi, 11.000 despidos en el Estado, hay 12.000 trabajadores con la posibilidad de jubilarse. Por otro lado, el Gobierno quiere que los gremios acepten la posibilidad de reasignar trabajadores de un ministerio a otro en el futuro.

Otro de los temas que Modernización busca imponer es una actualización de la nueva carrera pública "basada en la capacitación continua, el mérito, la evaluación de desempeño y el reconocimiento de los empleados". Una de las posibilidades que se barajan es modificar el convenio para poder introducir diferenciaciones salariales de acuerdo a las profesiones buscadas.